El día 12 de diciembre el DOUE ha publicado la Directiva 2019/2121, que modifica el régimen legal aplicable a las fusiones transfronterizas y añade a dicho régimen la posibilidad de realizar transformaciones y escisiones del mismo carácter. La Directiva ha tardado mucho en aprobarsae, considerando que integraba el denominado company law package junto a  la Directiva 2019/1151 de digitalización.

Su considerando (1), en dicho sentido expone que:

(1) La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 3 ) regula las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Las normas sobre fusiones transfronterizas representan un hito en la mejora del funcionamiento del mercado interior para las sociedades y empresas y su ejercicio de la libertad de establecimiento. Sin embargo, la evaluación de esas normas demuestra que necesitan ser modificadas. Además, conviene establecer normas que regulen las transformaciones y escisiones transfronterizas, puesto que la Directiva (UE) 2017/1132 contiene únicamente normas relativas a las escisiones nacionales de sociedades anónimas.

En relación con el control en origen de la legalidad de la operacion y la expedición del certificado oportuno, los considerandos (10) y (34)

(10) Dada la complejidad de las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (denominadas conjuntamente, en lo sucesivo, «operaciones transfronterizas») y la multitud de intereses en juego, conviene, con el fin de proporcionar seguridad jurídica, disponer el control de la legalidad de las operaciones transfronterizas antes de que surtan efecto. A tal fin, las autoridades competentes de los Estados miembros afectados deben velar por que las decisiones sobre la aprobación de una operación transfronteriza se adopten de manera justa, objetiva y no discriminatoria, y sobre la base de todos los elementos pertinentes exigidos por el Derecho de la Unión y nacional.

(34) A fin de expedir el certificado previo a la operación, los Estados miembros de la sociedad o las sociedades que lleven a cabo la operación transfronteriza han de designar, con arreglo al Derecho nacional, una o varias autoridades competentes para controlar la legalidad de la operación. Los órganos jurisdiccionales, notarios u otras autoridades, una administración tributaria o una autoridad en el ámbito de los servicios financieros pueden ser la autoridad competente. Si existe más de una autoridad competente, la sociedad ha de poder solicitar el certificado previo a la operación a una única autoridad, designada por los Estados miembros, la cual ha de coordinarse con las demás autoridades competentes. La autoridad competente debe evaluar el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta cumplimentación de todos los procedimientos y trámites en ese Estado miembro, y decidir si expide un certificado previo a la operación en un plazo de tres meses a partir de la solicitud de la sociedad, a menos que tenga sospechas fundadas de que la operación transfronteriza se ha llevado a cabo con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse al Derecho de la Unión o nacional o eludirlo, o bien con fines delictivos, y la evaluación requiera tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales.

Para mas información sobre el particular, el Prof. Miquel nos ilustra sobre la materia en su blog: https://merchantadventurer.wordpress.com/2019/12/12/directiva-2019-modifica-la-directiva-ue-2017-1132-en-lo-que-atane-a-las-transformaciones-fusiones-y-escisiones-transfronterizas/