Etiqueta: sentencia

Sentencia 381/2019 del TS sobre exoneración de pasivo público

Si bien las resoluciones judiciales no pueden ser catalogadas como materia legislativa, no podemos dejar de hacer eco de la Sentencia 381/2019 de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 2 de Julio (Ponente Sancho Gargallo) en materia de exoneración de pasivo insatisfecho (art. 178 bs LC), puesto que, junto al carácter de autoridad que le otorga proceder del Pleno, interpreta el citado precepto de manera contraria a su letra, pero con ajuste a su finalidad.

En efecto, aparte de señalar previamente (i) que la buena fe del deudor que desea acogerse al beneficio de la exoneración es la definida por el art. 178 bis 3, y no por el artículo 7.1 del Código Civil, y (ii) que el plan de pagos previsto por el art. 178 bis 6 puede ser presentado en la propia contestación a la demanda incidental promovida por el acreedor que se opone a la concesión del beneficio, la decisión del Tribunal que alcanza una singular trascendencia es:

1º La extensión del beneficio de la exoneración de pasivo insatisfecho – en la modalidad de plan de pagos (art. 178 bis 6 LC) –  comprende el crédito público ordinario y subordinado, y ello a pesar de la expresa exclusión de dicho crédito de tal beneficio conforme al art. 178 bis 5 1º LC (“exceptuando los créditos de derecho público”); fundamentándose tal razonamiento en que el beneficio de la exoneración – en la modalidad de pago inmediato (art. 178 bis 3 4º LC) – debe constituir obligada referencia interpretativa para el ámbito objetivo de la exoneración en la modalidad de plan de pagos; y si la primera no hace distinciones y proporciona la “plena exoneración de deudas” (excepto la prededucible y la privilegiada), los mismos efectos debe proporcionar el plan de pagos.

2º El pago de la deuda pública obligada – la prededucible y la privilegiada – queda sujeto al plan de pagos propuesto, y ello a pesar de la expresa exclusión de tal materia del plan de pagos que formula el art. 178 bis 6 LC (“Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”), puesto que el Tribunal considera que los “mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento del pago carecen de sentido en una situación concursal”,

En conclusión, en los supuestos de exoneración de pasivo insatisfecho – modalidad plan de pagos – (A) el crédito público ordinario y subordinado es objeto de plena exoneración, y (B) el crédito público prededucible y privilegiado queda afecto a las previsiones del plan de pagos, teniendo esto último especial trascendencia, puesto que, de conformidad con el art. 178 bis 8,, aunque el plan de pagos no se cumpla en su totalidad, podrá el Juzgado declarar la exoneración definitiva de pasivo insatisfecho que hubiese destinado a su cumplimiento al menos la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años. 

Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo

Como no habrá pasado desapercibido al lector, en fecha 18 de octubre de 2018 se publicó la Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de fecha 16 de octubre, que declara – con dos votos particulares, uno concurrente y otro disidente – que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha de ser el prestamista, y no el prestatario, debido fundamentalmente a que el mayor interés en que la garantía hipotecaria se inscriba en el registro de la propiedad correspondientes (requisito constitutivo) recae precisamente sobre la entidad bancaria financiadora. Aunque en la misma fecha, el portavoz de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) argumentó que la cuestión tenía naturaleza tributaria, y no civil-patrimonial, por lo que las reclamaciones de los deudores hipotecarios deberían ser realizadas directamente a las haciendas autonómicas – lo que nos parece jurídicamente dudoso. Sin embargo, un día después, el presidente de la Sala 3ª ha anunciado su propósito de convocar un Pleno jurisdiccional que dirima el siguiente (por orden) recurso pendiente sobre la misma materia, a fin de confirmar o modificar esta línea jurisprudencial. En cualquier caso, la Sentencia 1505/2018 resultaría definitiva y vinculante, cabiendo únicamente contra ella un recurso ordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional, de incierto pronóstico, puesto que el derecho a la seguridad jurídica se contiene en el artículo 9 de la Constitución, y no resulta un derecho o libertad de los recogidos en los artículos 14 al 29.