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Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo

Como no habrá pasado desapercibido al lector, en fecha 18 de octubre de 2018 se publicó la Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de fecha 16 de octubre, que declara – con dos votos particulares, uno concurrente y otro disidente – que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha de ser el prestamista, y no el prestatario, debido fundamentalmente a que el mayor interés en que la garantía hipotecaria se inscriba en el registro de la propiedad correspondientes (requisito constitutivo) recae precisamente sobre la entidad bancaria financiadora. Aunque en la misma fecha, el portavoz de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) argumentó que la cuestión tenía naturaleza tributaria, y no civil-patrimonial, por lo que las reclamaciones de los deudores hipotecarios deberían ser realizadas directamente a las haciendas autonómicas – lo que nos parece jurídicamente dudoso. Sin embargo, un día después, el presidente de la Sala 3ª ha anunciado su propósito de convocar un Pleno jurisdiccional que dirima el siguiente (por orden) recurso pendiente sobre la misma materia, a fin de confirmar o modificar esta línea jurisprudencial. En cualquier caso, la Sentencia 1505/2018 resultaría definitiva y vinculante, cabiendo únicamente contra ella un recurso ordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional, de incierto pronóstico, puesto que el derecho a la seguridad jurídica se contiene en el artículo 9 de la Constitución, y no resulta un derecho o libertad de los recogidos en los artículos 14 al 29.

De momento, el Comprador es el que ha de pagar el AJD

La Sentencia de 28 de febrero de 2018 del Tribunal Supremo resuelve la discusión sobre el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre la hipoteca en el sentido de que aquél es el comprador, y no el banco a favor de quien se constituye la hipoteca.

La nota publicada en la página web de CGPJ expresa que:

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

Por este motivo, ha de inferirse que los gastos notariales correspondientes a la escritura pública de hipoteca y a la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad, así como los de tramitación por gestoría de esta inscripción, si los hubiese, corresponden al banco.

De cualquier manera, esta sentencia es recurrible ante el TJUE, entre otros motivos por no respetar el principio de jerarquía normativa en el conflicto entre la norma reglamentaria (art. 68 RITPAJD) y la norma legal (29 TRITPAJD).