Etiqueta: concurso

Efectos internacionales del concurso español. La Sentencia Vulcano.

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2019 (Ponente Sancho Gargallo) aborda cuestiones heterogéneas en torno a los procedimientos concursales: (i) competencia internacional, (ii) efectos en el extranjero del procedimiento concursal nacional, (iii) cosa juzgada material internacional, (iv) derechos reales, y (v) efectos del convenio, cuestiones cuya concurrencia y conjugación singularizan la resolución judicial y la hacen merecedora de estas modestas líneas.

(1)          Resumen de los hechos

El resumen de hechos es el siguiente: un astillero Vigués, Factorías Vulcano S.A. – como consecuencia de un laudo arbitral por disputa en la construcción de un buque – adeuda a una sociedad inglesa, Arrow Seismic II LTD, un crédito avalado por un importe aproximado de 40 millones de euros. El avalista, Banco Popular, honró dicho aval con lo que el importe del crédito se redujo a aproximadamente 10 millones de euros.  Posteriormente Arrow instó ante los tribunales noruegos – Noruega no pertenece a la Unión Europea – la ejecución del laudo, y obtuvo de tales tribunales unas medidas cautelares denominadas conforme al derecho noruego “utlegg” consistentes en el embargo de los derechos de crédito que Vulcano poseía contra una sociedad noruega denominada Armada Seismic por los importes pendientes de pago.

Posteriormente, Factorías Vulcano fue declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Pontevedra, reconociéndose a favor de Arrow aproximadamente 8 millones de euros como crédito ordinario y aproximadamente 1,5 millones de euros como crédito subordinado. Por su parte, el convenio aprobado redujo el crédito ordinario a aproximadamente 1,6 millones de euros y el subordinado a aproximadamente trescientos mil euros.

Tras la aprobación del convenio, Vulcano solicitó, tanto en España como en Noruega, el alzamiento de los embargos “utlegg” practicados. El Juzgado Mercantil español se remitió a la legislación noruega en materia de embargos, afirmando – no obstante – que la calificación de los créditos de Arrow no disfrutaba de privilegio alguno. Por su parte, el Juzgado Noruego (Oficina de Ejecuciones Coactivas de Bergen) denegó la cancelación de los embargos razonando que los procedimientos concursales extranjeros no pueden sentar las bases para anular embargos.

Vulcano reaccionó a tal denegación presentando una demanda ante los Juzgados ordinarios de Vigo solicitando sustancialmente una sentencia con (a) un pronunciamiento declarativo sobre la cantidad debida por Vulcano tras la quita concursal, y (b) un pronunciamiento de condena a Arrow a dejar sin efecto la ejecución y a alzar los embargos trabados sobre los derechos de crédito de Vulcano contra Armada.

El Juzgado estimó los puntos (a) y (b), y la sentencia fue recurrida por Arrow, recurso que fue desestimado en su integridad por la Audiencia Provincial de Pontevedra. Frente a dicha sentencia interpuso Arrow un recurso extraordinario por infracción procesal sobre la base de (i) incorrecta asignación de competencia internacional al Juzgado concursal y (ii) cosa juzgada internacional, y un recurso de casación basado, en lo que interesa, en la incorrecta asignación a la legislación española como aplicable.

(2)          Sobre la competencia internacional para conocer de acciones directamente relacionadas con un procedimiento de insolvencia.

En relación con la competencia internacional del Juzgado de Vigo, el Tribunal Supremo se ve obligado a apreciarla de oficio – dado su carácter de orden público procesal – puesto que la Audiencia de Pontevedra había fundamentado erróneamente aquella sobre la base del artículo 5.1.a) del Reglamento 44/2001, al considerar el convenio de acreedores como “materia contractual”.

Y decimos errónea porque el citado reglamento excluye de su ámbito de aplicación “la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos” y por lo tanto no puede ser invocado para sostener la competencia internacional de los tribunales españoles. Por el contrario, la interpretación conferida por el TJUE (Sentencia de 12 de febrero de 2009, C-339/2007) al artículo 1.3 del Reglamento 1346/2000, que resultaba aplicable por motivos temporales, es que tal precepto debe interpretarse en el sentido de que también atribuye competencia internacional al Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto el procedimiento de insolvencia para conocer de las acciones que emanen directamente de este procedimiento y que guarden estrecha relación con él, aunque el demandado tenga su domicilio en otro estado miembro de la UE, correspondiendo a los Tribunales de dicho Estado la atribución de la competencia interna según su ley nacional, competencia que puede recaer en un órgano jurisdiccional diferente al que dictó la apertura del concurso.

El Tribunal Supremo, a su vez, interpreta – como parecía lógico – que las acciones declarativas y de condena ejercitadas por Vulcano están directamente relacionadas con el concurso abierto en España; por lo que la competencia internacional para conocer de las acciones declarativas y de cumplimiento de convenio queda atribuida al Juzgado de Primera Instancia de Vigo. Cabe reseñar que esta doctrina del TJUE ha sido trasladada al artículo 6.1 del actual Reglamento Europeo de Insolvencia 848/2015.

(3)          Sobre la cosa juzgada internacional

La recurrente Arrow alega que el tribunal de primera instancia de Bergen (Noruega) ya desestimó la pretensión de Vulcano de levantar los embargos que pesaban sobre sus derechos de crédito contra Armada, mediante sentencia que alcanzó su firmeza el 24 de abril de 2013, de manera previa a la acción ejercitada ante el Juzgado de Primera Instancia de Vigo, circunstancia que determinaría la existencia de cosa juzgada internacional, en el sentido del artículo 222 LEC en relación con el artículo 33 del Convenio de Lugano.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, aún admitiendo la existencia de un proceso anterior en el que existe identidad subjetiva, e incluso que el petitum – levantamiento de embargos uttleg – es coincidente en ambos pleitos, considera que existe una diferencia en la causa petendi de aquellos; pues mientras en el primero de ellos la justificación era la paralización de ejecuciones como consecuencia de la apertura del concurso, en el segundo la justificación es el efecto novatorio del convenio concursal, que ha reducido los créditos a un 20%, al que han de quedar sujetos los créditos ordinarios y subordinados bajo el principio de la par conditio creditorum y de la comunidad de pérdidas, lo que convierte en inviable el mantenimiento de unos embargos destinados precisamente a la satisfacción extraconcursal de los créditos originales.

El artículo 222.2 LEC dispone que la cosa juzgada alcanza a las “pretensiones” de la demanda – debiendo identificarse la pretensión procesal con la causa petendi – pero no así a su suplico o “petitum”, que podría volver a ser reproducido si la causa de pedir o “causa petendi” de la segunda demanda hubiese variado respecto de la primera. En nuestras circunstancias, existen diferencias entre el primer y el segundo procedimiento, tanto en sus hechos jurídicamente relevantes, o “causa petendi”, como en su suplico o “petitum”:

En relación con la “causa petendi”, en el primer procedimiento, tramitado ante los tribunales noruegos, la “causa petendi” se basaba en la prohibición de continuar procedimientos de ejecución contra el concursado (art. 55.3 LC); mientras que en el segundo procedimiento, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de Vigo, la “causa petendi” se basa en el efecto novatorio del convenio y en el principio de la “par conditio creditorum”.

En relación con el “petitum”, mientras que en el primer procedimiento se había solicitado que el Juzgado noruego ordenase a la Oficina de Embargos de Bergen el levantamiento del embargo sobre los derechos de crédito de Vulcano frente a Armada, en el segundo procedimiento se solicitó al Juzgado español que condenase a Arrow a desistir en la ejecución seguida frente a Vulcano ante la oficina de embargos de Bergen y alzara, por consiguiente, los embargos trabados.

Si bien el “petitum” no resulta idéntico, la diferencia existente no resultaría suficiente para justificar la singularidad de cada pretensión, pues en definitiva su objeto es el mismo: el levantamiento de los embargos practicados en Bergen. Que en el primer caso el destinatario de la orden judicial fuese la Oficina de Embargos, y en el segundo la propia embargante no priva de identidad a los “suplicos” de ambos procedimientos, pues dicho levantamiento de embargos es lo que, en realidad, se pretendía por Vulcano, y lo que fue negado por los tribunales noruegos.

Sin embargo, en lo que concierne a la “causa petendi”, los hechos jurídicamente relevantes del segundo proceso resultan netamente distintos de los del primero, y no pudieron haber sido esgrimidos en éste (art. 400.2 LEC) – puesto que el convenio aún no había sido aprobado – no puede considerarse que nos encontremos ante un supuesto de cosa juzgada.

(4)          Sobre la aplicabilidad de la legislación concursal española a los derechos reales sobre activos del deudor localizados en el extranjero.

El artículo 201 LC dispone que los efectos del concurso sobre los derechos reales que posee el acreedor sobre activos del concursado que estén localizados en el extranjero, quedarán determinados por la ley del estado en que se encuentran aquellos, por lo que aduce la acreedora Arrow que sería la ley noruega – y no el artículo 136 LC sobre la eficacia novatoria del convenio – la que habría de determinar si procede o no el alzamiento de los embargos.

No obstante, el carácter real de los embargos ejecutivos “uttleg” se cuestiona por el Tribunal Supremo, debido a que, habiendo sido calificado el crédito de Arrow como concursalmente ordinario, dicha naturaleza no fue discutida ni impugnada por la acreedora, por lo que no cabe considerar ni alegar que se trate de un crédito garantizado con un derecho real sometido, por tanto, a la legislación noruega.

En otras palabras, nuestro Alto Tribunal razona que como la naturaleza ordinaria del crédito no fue discutida por Arrow, mal puede ésta aducir posteriormente que aquél conllevaba una garantía real. Sin embargo, tal interpretación dejaría entreabierto el camino de atribuir al embargo ejecutivo carácter de garantía real que privilegie el crédito, cuando el embargo – como es conocido – no sólo no forma parte del elenco de garantías que privilegian el crédito (art. 90 LC), sino que es imperativamente cancelable tras la declaración de concurso (art. 55.3 LC), debiendo ponerse en duda incluso que se trate de un verdadero derecho real, puesto que aunque disfrute de carácter “erga omnes” y reipersecutoriedad, se trata más de una afección real al un proceso ejecutivo que de una garantía prestada sobre un crédito, y por lo tanto no resulta objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad, sino únicamente de anotación preventiva (art. 42 LH) sujeta a los oportunos plazos de caducidad.

Por lo tanto, si bien los efectos del concurso sobre los derechos reales han de someterse a la “lex rei sitae”, no existe, en estas circunstancias, derecho real alguno de la acreedora sobre los créditos embargados.

 

  • Artículo publicado en Legal Today el 3 de octubre de 2019

Reforma del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (BOE 29.12.2018) modifica el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, modificación que será de aplicación a todas las Juntas que se celebren a partir del 30.12.2018 (Disposición Transitoria y Disposición Final Séptima). La nueva redacción (1) extiende a los grupos de sociedades (art. 42 del Código de Comercio) la aplicación del derecho de separación del socio por falta de reparto en forma de dividendos de al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores; y (2) contempla supuestos de exclusión de tal derecho de separación que se refieren a (a) las sociedades cotizadas, (b) a las sociedades anónimas deportivas (S.A.D.) y a las situaciones de concurso, acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pagos, y la comunicación al Juzgado de negociaciones dirigidas a obtener dichas medidas (art. 5 bis de la Ley Concursal).

El nuevo texto es el siguiente:

Artículo 348 bis.
Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.
 
1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.
2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.
3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.
4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.
5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.
b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.
c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.
d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal. 
e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas.

La Escisión Societaria y las Acciones de Reintegración Concursal

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2016 (ponente Ignacio Sancho Gargallo) aborda varias materias mientras dirime la habilidad de una acción rescisoria concursal para despojar de eficacia a una modificación estructural como es la escisión. Por lo tanto, la lectura de esta resolución se convierte en una interesante excursión jurídica por los dominios del derecho societario y del derecho concursal.

El administrador concursal de una sociedad escindida interpone un incidente concursal de reintegración en el que ejercitaba la acción rescisoria concursal frente a la transmisión de activos que conllevó la escisión. Como se recordará, la escisión es la traslación universal de una unidad económica de la sociedad escindida a la sociedad beneficiaria a cambio de acciones o participaciones sociales de la sociedad beneficiaria pagaderas a los socios de la sociedad escindida. En el caso de la escisión, el potencial vaciamiento patrimonial que puede producirse es más severo que en supuestos de segregación, puesto que en este último caso es la propia sociedad segregada la que recibe el equivalente al valor del patrimonio transferido en forma de títulos representativos del capital de la sociedad beneficiaria.

La escisión prosigue el régimen legal de la fusión, y por lo tanto su inscripción registral la blinda frente a cualquier acción de impugnación que no sea la de su nulidad fundada en la infracción del procedimiento previsto en el art. 47.1 de la Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales de las Sociedades de Capital (LME). Por dicha razón, el administrador concursal argumentó que lo que se impugnaba – en realidad – no era la escisión, sino los efectos traslativos de la misma en cuanto afectaban a determinados inmuebles transferidos por la sociedad escindida a la sociedad beneficiaria.

El administrador concursal está obligado a velar por la integridad de la masa activa del concurso, y para ello estará obligado a ejercer las acciones rescisorias y demás de impugnación que resultasen procedentes, en tutela de los derechos de los acreedores. Si bien la sentencia no se extiende en ello, parece que los acreedores no formularon en tiempo y forma el derecho de oposición a la fusión que les concede la LME; y por dicha razón no existen trabas procedimentales que puedan sustentar la impugnación de la escisión una vez inscrita en el Registro Mercantil. Se podría considerar que, en este caso particular los acreedores renunciaron a su derecho de oponerse a la escisión hasta que la sociedad escindida hubiera garantizado adecuadamente el cobro de su crédito (art. 44.3 LME); y que – por tanto – sus derechos de créditos disfrutaron de la debida tutela de manera anterior al ejercicio de la rescisoria concursal.

El administrador concursal actuante no impugna el acuerdo de escisión, sino los efectos traslativos que de aquél se derivan. Sin embargo, el Tribunal Supremo establece que resulta imposible disociar el negocio jurídico de sus efectos, dado que éstos no resultan ser una consecuencia de aquella, ni tampoco una suerte de efecto reflejo o colateral, sino que la escisión consiste esencialmente en la translación patrimonial de la sociedad escindida a la sociedad beneficiaria, y por lo tanto dicha translación es – en sí misma – la propia escisión que resulta inimpugnable, salvo por la causa expresamente prevista en el art. 47.1 LME que habilita para que se ejercite la acción de nulidad (arts. 47.2 y 47.3 LME).

No obstante, antes de llegar a tal conclusión el Tribunal Supremo detiene su análisis en la figura de la rescisión, y aborda tanto la distinción entre la rescisión de las obligaciones y la rescisión de los negocios jurídicos, como de las notas distintivas existentes entre la acción pauliana (art. 1111 CC) y la acción rescisoria concursal.

(a)          Rescisión de una obligación y rescisión de la integridad del negocio jurídico.

El régimen general de la rescisión establecido en el Código Civil admite tanto la rescisión de negocios jurídicos (art. 1.291 CC), como de obligaciones singulares (arts. 1073 CC y 1292 CC). Las consecuencias de ambas rescisiones no pueden ser las mismas, ya que de otro modo la distinción entre las dos categorías no quedaría justificada. Si la consecuencia de la rescisión de los contratos es la recíproca devolución de las cosas con sus frutos, y del precio con sus intereses (art. 1.295 CC); la consecuencia de la rescisión de las obligaciones ha de ser la devolución unilateral de la concreta prestación rescindida.

La Ley Concursal, por su parte, se refiere a “actos” como objeto de rescisión (art. 71.1 LC), y diferencia entre los acuerdos de refinanciación que pueden ser objeto de rescisión, de los “negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y forma en que se hubieren realizado” (art. 7.1 bis.1 LC), por lo que parece existir una diferenciación legal entre los dos conceptos.  Las consecuencias rescisorias deben, por tanto, ser diferentes para cada categoría, la rescisión del acto supondrá la restitución de la prestación objeto del acto, y la rescisión de la integridad del negocio jurídico, la restitución de lo que hubiera recibido cada parte. Sin embargo, la letra del art. 73 LC provoca cierta ambigüedad cuando se refiere a que “la sentencia que estime la acción declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones”; si bien habla de un acto impugnado, utiliza el plural para referirse a las prestaciones lo que podría ser interpretado como el mandato de restitución mutua de las prestaciones propia de la rescisión de un negocio jurídico bilateral.

El Alto Tribunal invoca su anterior Sentencia 629/2012 que trata sobre la rescisión concursal de actos de disposición que entrañan un detrimento para la masa activa, que no puede ser equiparada con la rescisión del entero negocio jurídico, con las siguientes palabras:

El recurrente confunde los efectos derivados de la rescisión de un negocio bilateral, con los efectos de la rescisión del acto unilateral que supone el pago o cumplimiento de una de las contraprestaciones del negocio. Lo que fue objeto de la acción rescisoria no fue el contrato o negocio sino el acto de pago de la beneficiaria del servicio de reparación y asistencia técnica.

La previsión contenida en el apartado 3 del art. 73 LC (“ El derecho a la prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados como consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado “), invocado por el recurrente como infringido, presupone que, conforme al apartado 1, que regula los efectos de la rescisión del acto impugnado, se hubiera condenado ” a la restitución de las prestaciones objeto de aquél, con sus frutos e intereses “.

Si se hubiera rescindido el contrato bilateral, en ese caso, su ineficacia sobrevenida hubiera llevado consigo este efecto de restitución de ambas prestaciones, pero la rescisión de un acto de disposición unilateral, como es el pago, no conlleva la ineficacia del negocio del que nace la obligación de pago que se pretende satisfacer con el acto impugnado. De ahí que la rescisión afecte tan sólo al pago, surgiendo para el receptor del dinero pagado la obligación de restituirlo, con los intereses, sin que pierda su derecho de crédito, que por ser anterior a la apertura del concurso tiene la consideración de concursal y deberá ser objeto de reconocimiento por el cauce pertinente. Y, consiguientemente, al no ser de aplicación el art. 73.3 LC , tampoco cabe apreciar mala fe en el destinatario del pago a los efectos de subordinar su crédito.

Por lo expuesto en esta Sentencia, convendrá al interés de la masa la rescisión del acto perjudicial y no del negocio jurídico entero. Si bien en ambos supuestos se debe reintegrar al tercero su prestación en forma de crédito, en el caso de rescisión del negocio jurídico dicho crédito irá a cargo de la masa activa, pero en el caso de rescisión singular del acto perjudicial en forma de derecho de crédito concursal ordinario, si el negocio jurídico tuvo lugar antes de la declaración de concurso, el crédito tendrá carácter concursal, y – como señala la Sentencia – deberá ser objeto de reconocimiento por el cauce pertinente.

Y si a la Administración Concursal conviene el ejercicio de acciones rescisorias sobre actos singulares perjudiciales para la masa, y no sobre el íntegro negocio jurídico en el que se enmarcan; a la parte contra la que se dirija la acción de reintegración convendrá ejercitar la oportuna reconvención solicitando que, en caso de que se estime la acción rescisoria, se declare por el Juzgado rescindido la integridad del negocio jurídico con lo que la recíproca reintegración tendrá consideración de crédito contra la masa, salvo que por el Juzgado se aprecie la existencia de mala fe, en cuyo caso el crédito deberá ser calificado como concursal subordinado.

(b)          Efectos rescisorios ante terceros

La sentencia comentada realiza un excurso doctrinal sobre la diferencia de los efectos rescisorios derivados, respectivamente, de la acción pauliana – que posee efectos limitados inter partes –  y de las acciones de reintegración concursal – que poseen efectos erga omnes.

Efectivamente, los efectos de la acción pauliana consisten en el acceso del acreedor que la invoca a los activos que salieron indebidamente del patrimonio del deudor; pero no en la reintegración de aquellos al patrimonio del deudor; por lo que ningún otro acreedor podrá beneficiarse de la restitución de los activos que nunca debieron egresar. Sin embargo, las acciones rescisorias poseen plena eficacia ante terceros, pues los bienes que indebidamente salieron del patrimonio del concursado, serán reintegrados a este – convertido en masa activa – en beneficio de todos los acreedores.

A la luz de esta importante distinción, el Tribunal Supremo sugiere que si la Administración Concursal hubiera ejercitado una acción pauliana, en lugar de una acción de reintegración, el concurso habría tenido acceso a los inmuebles que salieron en fraude de acreedores del patrimonio de la sociedad concursada; puesto que sus efectos no son reintegrativos – lo que supondría la disociación entre la escisión y su efecto traslativo – sino que sencillamente habilitan al acreedor (la masa activa) a acceder a bienes que respondan del cumplimiento de las obligaciones de la concursada (art. 1911 CC).

De tal forma que no cabe instar la rescisión concursal de la escisión sin dejar de pretender con ello su ineficacia.

Por el contrario, como veremos con mayor detalle, sí cabría que, caso de que la escisión se hubiera realizado para defraudar ilícitamente el derecho de crédito de algunos concretos acreedores existentes entonces, estos pudieran ejercitar una acción para pretender la satisfacción de sus créditos con los bienes transmitidos con la escisión, sin necesidad de dejar sin efecto la escisión.