Novedades legislativas

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

El B.O.E. nº 294 de fecha 6 de diciembre publica la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que desarrolla, entre otros preceptos constitucionales, el artículo 18.4 de la Constitución Española, limitando así el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. La nueva Ley armoniza el régimen legal en la materia con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, y deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no obstante, de conformidad con la disposición adicional decimocuarta, la normativa relativa a las excepciones y limitaciones en el ejercicio de los derechos que hubiese entrado en vigor con anterioridad a la fecha de aplicación del reglamento europeo y en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, seguirá vigente en tanto no sea expresamente modificada, sustituida o derogada El texto consta de consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo

Como no habrá pasado desapercibido al lector, en fecha 18 de octubre de 2018 se publicó la Sentencia 1505/2018 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de fecha 16 de octubre, que declara – con dos votos particulares, uno concurrente y otro disidente – que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha de ser el prestamista, y no el prestatario, debido fundamentalmente a que el mayor interés en que la garantía hipotecaria se inscriba en el registro de la propiedad correspondientes (requisito constitutivo) recae precisamente sobre la entidad bancaria financiadora. Aunque en la misma fecha, el portavoz de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) argumentó que la cuestión tenía naturaleza tributaria, y no civil-patrimonial, por lo que las reclamaciones de los deudores hipotecarios deberían ser realizadas directamente a las haciendas autonómicas – lo que nos parece jurídicamente dudoso. Sin embargo, un día después, el presidente de la Sala 3ª ha anunciado su propósito de convocar un Pleno jurisdiccional que dirima el siguiente (por orden) recurso pendiente sobre la misma materia, a fin de confirmar o modificar esta línea jurisprudencial. En cualquier caso, la Sentencia 1505/2018 resultaría definitiva y vinculante, cabiendo únicamente contra ella un recurso ordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional, de incierto pronóstico, puesto que el derecho a la seguridad jurídica se contiene en el artículo 9 de la Constitución, y no resulta un derecho o libertad de los recogidos en los artículos 14 al 29.

De momento, el Comprador es el que ha de pagar el AJD

La Sentencia de 28 de febrero de 2018 del Tribunal Supremo resuelve la discusión sobre el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre la hipoteca en el sentido de que aquél es el comprador, y no el banco a favor de quien se constituye la hipoteca.

La nota publicada en la página web de CGPJ expresa que:

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

Por este motivo, ha de inferirse que los gastos notariales correspondientes a la escritura pública de hipoteca y a la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad, así como los de tramitación por gestoría de esta inscripción, si los hubiese, corresponden al banco.

De cualquier manera, esta sentencia es recurrible ante el TJUE, entre otros motivos por no respetar el principio de jerarquía normativa en el conflicto entre la norma reglamentaria (art. 68 RITPAJD) y la norma legal (29 TRITPAJD).

Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre, en materia de información no financiera y diversidad.

El BOE nº287 de fecha 25 de noviembre de 2017 publica el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad..

En virtud de la reforma introducida, los textos afectados pasan a exigir la inclusión en el informe de gestión de las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada y  las comanditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, de información no financiera de naturaleza social y medioambiental.

La inclusión de dicha información en el informe de gestión afectará a las entidades de interés público definidas en el artículo 15 del Reglamento de Auditoría de Cuentas, entre las que figuran bancos, entidades aseguradoras, sociedades cotizadas, gestoras de fondos de inversión y fondos de pensiones, así como, en general, todas las grandes empresas.

Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

El presente Real Decreto-ley modifica, con carácter de urgencia, el artículo 285.2 de la Ley 1/2000 de Sociedades de Capital, confiriéndole la siguiente redacción:

«2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.»

La disposición transitoria única del Real Decreto-ley – utilizada con finalidad de proporcionar una interpretación auténtica, más que de regular un régimen transitorio – señala que únicamente se entenderá que existe disposición contraria cuando tal disposición haya sido introducida en los estatutos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 2016

En el ámbito tributario la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas.

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se eleva el límite máximo de deducción aplicable por primas satisfechas a seguros de enfermedad a efectos de calcular el rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa así como el importe de la retribución del trabajo en especie exenta derivada de las primas satisfechas por el empleador a seguros de enfermedad del trabajador, cuando la persona objeto de tal cobertura sea una persona con discapacidad.

Además, con carácter transitorio para los ejercicios 2016 y 2017, se aumenta, respecto de las inicialmente previstas para dichos ejercicios, la cuantía de determinadas magnitudes cuya superación implica la exclusión del régimen de estimación objetiva. En particular, se elevan para los ejercicios
2016 y 2017 los límites relativos a los rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de actividades económicas y por volumen de compras.

2. Impuesto sobre Sociedades

En el Impuesto sobre Sociedades se introduce una modificación en la forma de cálculo del incentivo fiscal de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, el denominado internacionalmente «patent box», con el objeto de adaptarla a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.

Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece la conversión de determinados activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria cuando se produzcan determinadas circunstancias. Se prevén ahora nuevas condiciones para que los activos por impuesto diferido generados a partir de la entrada en vigor de esta Ley puedan adquirir el derecho a la conversión. Asimismo, los activos por impuesto diferido generados con anterioridad que no satisfagan las nuevas condiciones podrán mantener el derecho a la conversión, aunque para ello estarán obligados al pago de una prestación patrimonial.

3. Impuesto sobre el Patrimonio

En el Impuesto sobre el Patrimonio se procede a prorrogar durante
2016 la exigencia de su gravamen, en aras de contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas.

4. Impuesto sobre el Valor Añadido

En el Impuesto sobre el Valor Añadido se introducen modificaciones técnicas en determinadas exenciones para lograr una mejor adecuación de la regulación interna a la normativa comunitaria.

Además, en consonancia con el aludido régimen transitorio concerniente a los límites para la aplicación del método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2016 y2017, se incorpora un régimen transitorio relativo a los límites que determinan la exclusión de los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido vinculados con el mencionado método.

5. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios al 1 por ciento.

6. Impuestos Especiales

En el ámbito de los Impuestos Especiales se incorpora un ajuste técnico en la exención para determinadas instalaciones en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

En el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, dado que, en la actualidad, un número considerable de gases fluorados gravados por el Impuesto carece de sustitutivos igual de eficientes y menos nocivos para la atmósfera, se considera oportuno prorrogar para el ejercicio 2016 la reducción de los tipos impositivos aplicable en 2015.

7. Tasas

Por lo que se refiere a las tasas, habida cuenta de la estabilidad existente en los precios, se mantienen los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, así como los tipos y cuantías fijas establecidas para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2015.

Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán al múltiplo de
10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro.

Se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. Se establecen las bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, así como los coeficientes correctores de aplicación de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

También se mantienen para 2016 las cuantías básicas de las tasas portuarias en los importes exigibles en 2015.

Por último, se minoran las cuantías de las prestaciones patrimoniales públicas
aeroportuarias.

8. Catastro

En materia catastral, la actualización de los valores, al alza o a la baja, para su adecuación con el mercado inmobiliario está directamente vinculada, a nivel municipal, con la fecha de aprobación de la correspondiente ponencia de valores. Con esta finalidad y a la vista de los estudios realizados al efecto, se establecen diferentes coeficientes en función del año de entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de un procedimiento de valoración colectiva, que serán aplicados a aquellos municipios que han acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y que están incluidos en la Orden Ministerial prevista en dicho precepto.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La nueva Ley abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta nueva Ley sustituye a la veterana Ley 30/1992, conocida por todos los operadores jurídicos. De acuerdo con el marco constitucional , la presente Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. Incide especialmente en la regulación de la tramitación electrónica de expedientes. La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil

La presente ley cubre la remisión legislativa que hace el artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.  Parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con la posibilidad de denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla. Se designa al Ministerio de Justicia como autoridad central española.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

La nueva Ley pretende adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención de títulos jurídicos a los innovadores españoles, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva. La figura del modelo de utilidad se modifica sustancialmente en aspectos como la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección. Por último, se refunden las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones.
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