Autor: Santiago Lleó

Inconstitucionalidad de la Plusvalía Municipal

La sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de Mayo de 2.017 declara que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor

El impuesto de plusvalía, grava el incremento que se haya producido en el valor de terrenos urbanos, tal y como establecen los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, la forma de determinar la base imponible y la cuota del impuesto que establece la Ley, no tiene en cuenta si se produce incremento real o no de valor, sino que se basa exclusivamente en el valor que tenga el terreno en el momento de la transmisión. Esto implica que se gravan situaciones en las cuales no ha existido realmente incremento de valor alguno. La sentencia entiende que en esos casos se estarían gravando situaciones en las cuales no existe o aflora capacidad económica, siendo, por lo tanto, contrario al art. 31.1 de la CE.

Así, la sentencia del TC argumenta:

“Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el objeto del impuesto analizado es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Por consiguiente, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el “incremento de valor” de un terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3).

“De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).”

“Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).”

Las conclusiones de la sentencia, son los siguientes:

a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica.

b) Se declara también inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica.

c) La forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

La sentencia nada dice de los supuestos en los cuales el incremento de valor haya sido mínimo, pero que, por aplicación de la normativa de determinación de la cuota, la cantidad resultante a pagar por el impuesto sea superior a dicho incremento de valor o represente un porcentaje muy elevado del mismo. En estos supuestos podría alegarse que se estaría produciendo un efecto confiscatorio, prohibido también por el art. 31 de la CE.

3.- RECLAMACIÓN DEL IMPUESTO.

3.1. FORMA DE ACREDITAR LA INEXISTENCIA DE INCREMENTO DE VALOR.

En primer lugar, la sentencia establece que la forma de acreditar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación corresponde al legislador. Por lo tanto, el legislador estatal está obligado a introducir los cambios normativos pertinentes para que el impuesto de plusvalía municipal no grave situaciones no expresivas de capacidad económica, y para establecer los criterios aplicables para determinar la existencia o no de incremento de valor.

Las Diputaciones Forales han procedido a introducir legislación al respecto, con el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, el Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, para los territorios de Álava y Guipúzcoa respectivamente.

Por medio de ellos se ha precisado, de forma casi idéntica, el método de cálculo del incremento de valor por la diferencia entre el valor de adquisición del propiedad y del valor de transmisión.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública todavía no ha llevado a cabo regulación alguna, instando a la Federación española de municipios y provincias (FEMP) un informe al respecto, aunque a día de hoy todavía no se han pronunciado.

Mientras no se producen los cambios normativos pertinentes, la sentencia tiene plenos efectos, conforme a lo establecido en el art. 164 de la CE, por lo que debe ser aplicada por la Administración Publica, en este caso, por los Ayuntamientos.

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, y hasta que se produzca la modificación legislativa a que obliga la sentencia, no bastaría la mera referencia a la cifra documentada en escritura pública sobre la diferencia entre el valor de compra y posterior venta, pues ello no exime de la carga de la prueba en el proceso, si atendemos a los distintos pronunciamientos judiciales existentes hasta la fecha. La más segura prueba para desvirtuar los valores objetivos tomados por la Administración, y la que aconsejamos en todos los casos, es la pericial.

En este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 17 de Abril de 2002, que en su fundamento de derecho tercero expone: «No comparte el juzgador la argumentación de la actora.  Constante jurisprudencia (STS de 20-2-2001 , 19-1-2001, 2-7-1998, etc.), partiendo de que tanto el valor asignado al bien de que se trate como la liquidación del tributo gozan de la presunción de legalidad, viene exigiendo, para destruirla, la existencia de una prueba “plena, objetiva y convincente” -normalmente, la prueba pericial.

3.2. SUPUESTOS EN LOS QUE ES POSIBLE impugnar las liquidaciones en que no exista incremento de valor. PLAzos y procedimiento.

El procedimiento y los plazos son diferentes según el Ayuntamiento haya dictado la liquidación del impuesto o éste haya sido autoliquidada por el contribuyente.

a.- LIQUIDACIONES DICTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS.

Pueden recurrirse en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la liquidación dictada por parte del Ayuntamiento. Aquellas liquidaciones dictadas por el Ayuntamiento no recurridas en el plazo de un mes, son firmes y no son revisables

Procedimiento.

a) En grandes municipios, según son definidos en el art 121 de la Ley 7/1985.

Se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el propio Ayuntamiento, o directamente recurso económico administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal de la ciudad cuyo Ayuntamiento dictó la resolución.

Si dicha reclamación fuera desestimada, procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

b) En el resto de municipios.

Se deberá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, y si fuera desestimado, recurso contencioso – administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación de la denegación.

Obligatoriedad del pago hasta que se resuelva el recurso.

Es un principio del derecho administrativo español que la interposición del recurso no paraliza la ejecución del acto recurrido.

Ahora bien, los contribuyentes pueden solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, e incluso solicitar su suspensión.

El aplazamiento o el fraccionamiento, necesariamente, exigirán la presentación de un escrito ante el órgano de recaudación del municipio, solicitándolo. No será necesario aportar garantías para obtener el aplazamiento o fraccionamiento, si la deuda es inferior a 30.000 euros.

Por último, la suspensión será automática, si se aporta alguna de las garantías previstas en la Ley General Tributaria (depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza de una entidad de crédito, o fianza solidaria de dos contribuyentes). Si no pudiera aportarse ninguna de ellas, podrá acordarse la suspensión si se aportan otras garantías que se estimen suficientes en cada caso.

Según el caso, puede obtenerse la suspensión sin necesidad de aportar garantías, si la liquidación que se recurre pudiera generar graves perjuicios al contribuyente, o adoleciera de errores aritméticos, materiales o de hecho. Pero en este caso la suspensión ya no es automática, sino que tiene que concederla la Administración, una vez acreditadas las circunstancias referidas.

Plazo para pagar, solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, o solicitar la suspensión de la deuda.

La liquidación deberá abonarse, o bien solicitar su aplazamiento, fraccionamiento o suspensión, antes del día 20 del mes siguiente al que se recibió la notificación (si se recibió en la primera quincena), o del día 5 del segundo mes posterior, si la notificación se recibió en la segunda quincena.

B.- AUTOLIQUIDACIONES REALIZADAS POR EL CONTRIBUYENTE.

En estos supuestos, en los cuales el contribuyente realiza la autoliquidación y procede al pago del impuesto, es posible instar la solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos dentro del plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la presentación de la autoliquidación y el pago.

Para ello, deberá presentar una solicitud en el Ayuntamiento. Si dicha solicitud es desestimada, valdrá todo lo afirmado en los párrafos anteriores respecto al recurso de reposición y vía contencioso-administrativa, dependiendo de si el municipio es de gran población o no.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias deroga parcialmente el Reglamento de Viviendas Vacacionales

El Decreto 113/2015 de Canarias establece un nuevo tipo de establecimiento turístico de alojamiento extrahotelero, la vivienda vacacional, y aprueba el Reglamento de Viviendas Vacacionales de la Comunidad Autónoma Canaria.

El Reglamento define la vivienda vacacional de la siguiente forma: “las viviendas, que amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato y reuniendo los requisitos previstos en este Reglamento, son comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística, para ser cedidas temporalmente y en su totalidad a terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento vacacional y a cambio de un precio.”

La norma, establece unos requisitos funcionales y de equipamiento bastante sencillos y básicos.

Establece el siguiente régimen explotación: “Las viviendas vacacionales deberán ser cedidas íntegramente a una única persona usuaria, que figurará como responsable en todo caso de la reserva realizada, y no se permitirá la cesión por habitaciones, existiendo prohibición de formalizar varios contratos al mismo tiempo respecto a la misma vivienda, no permitiéndose, por tanto, el uso compartido de la misma.”

El Reglamento establece como requisito para el inicio de la actividad la presentación de la correspondiente declaración responsable.

El punto más controvertido del Reglamento es el que excluye del ámbito de aplicación del Reglamento a las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se encuentren dentro de las zonas turísticas o de las urbanizaciones turísticas, así como las viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas o en urbanizaciones mixtas residenciales turísticas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en sentencia dictada con fecha 21 de marzo de 2.017, ha anulado cuatro disposiciones del Decreto 113/2015 que regula el alquiler vacacional en Canarias.

Las disposiciones anuladas han sido las siguientes:

  • La sentencia anula la disposición que excluye del ámbito de aplicación del reglamento a las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se encuentren dentro de las zonas turísticas o de las urbanizaciones turísticas, así como las viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas o en urbanizaciones mixtas residenciales turísticas, al entender que “infringe claramente la libertad de empresa y de prestación de servicios” limitando la oferta turística sin justificación eficiente. “La única explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer a la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios”
  • El mismo argumentarlo se utiliza por el Tribunal para anular el subapartado tercero del apartado IV del anexo 2, al decir en el Fundamento Jurídico tercero, in fine, que: “por la misma razón debe anularse el subapartado tercero del apartado IV del anexo 2”, que establece lo siguiente:

IV.- Extremos que ha de contener la Declaración Responsable para el inicio de la actividad:

La persona que la suscriba, HA DE DECLARAR BAJO SU RESPONSABILIDAD, como mínimo los siguientes extremos: … “3.- Que la vivienda no se encuentra en zona turística, urbanización turística o en urbanización mixta residencial turística, conforme a las definiciones establecidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias”.

  • La sentencia también anula art. 12.1 del decreto (régimen de explotación) por el que se exige que las viviendas vacacionales sean cedidas en su totalidad al cliente, y no puedan ser arrendadas por habitaciones. El Tribunal Superior entiende que: “Aquí la intervención administrativa en la calidad del producto no está justificada, y se vulnera la libre oferta de servicios. No hay razones para exigir a un cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse, asumir el coste del arrendamiento de la totalidad de la vivienda, si el propietario desea ofrecerle este servicio.”
  • Finalmente, la sentencia anula art- 13.3 del decreto. El precepto dispone que la entrega a la explotadora de la vivienda de hojas de reclamaciones, placa-distintivo y libro de inspección solo se efectuará transcurridos quince días hábiles, plazo dentro del cual el Cabildo Insular debe inscribir “la información sobre la actividad de explotación de la vivienda vacacional en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Como el inicio de la actividad sin la referida documentación es motivo de sanción, de facto, esta regulación está desnaturalizando los efectos de la declaración responsable y sometiendo el inicio de la actividad a un control administrativo previo. Y de ahí la justificación de la nulidad del precepto.

El Tribunal entiende que:” La impugnación del artículo 13.3, debe prosperar por infracción del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, en cuanto que priva a la declaración responsable de la virtualidad de habilitar el comienzo de la actividad desde el mismo día de su presentación.

El Gobierno de Canarias ha informado que va a proceder a recurrir la sentencia.

Eliminación de las deducciones del Impuesto de sucesiones y donaciones a los propietarios británicos en España, después del Brexit. Problemática y posibles soluciones.

El día 1 de enero de 2015 entró en vigor la reforma legislativa que equipara el tratamiento fiscal de las sucesiones y las donaciones de los residentes en España y de los no residentes en España que sean residentes en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Común.La reforma legislativa está contenida en la disposición adicional tercena de la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

De esta forma, se eliminaba la discriminación existente hasta la fecha y que originó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de septiembre de 2.014.

En la actualidad, en España hay 20 regímenes jurídicos distintos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones: 15 de las Comunidades Autónomas de régimen común, uno en Navarra, tres en las Diputaciones Forales vascas y el peor, establecido por la Administración central, que se aplica a los no residentes en España que tampoco sean residentes en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

En efecto, los artículos 32 y 48 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre (reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común) prevén expresamente la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan cierto número de reducciones fiscales -que sólo se aplican a los sujetos pasivos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que ostenten la condición de residentes en España- en caso de conexión exclusiva con el territorio de esas Comunidades. Pero en el caso de no residentes, no cabía beneficiarse de dichas reducciones fiscales autonómicas.

Debemos decir que todas las Comunidades Autónomas han hecho uso de dicha opción, y todas, en mayor o menor medida, establecen deducciones o reducciones fiscales para los residentes en su territorio.

Desde el 1 de enero de 2.015, los no residentes en España que sean residentes en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Común también se benefician de dichas deducciones.

En el presente artículo, nos planteamos las siguientes preguntas:

PRIMERO.- ¿Seguirán los británicos propietarios de viviendas en España beneficiándose de dichas deducciones tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea?

SEGUNDO.- ¿Sería posible o conveniente que los británicos con inmuebles en España tomaran alguna medida antes de que se produzca la salida del Reino Unido de la UE para reducir o minimizar el impacto negativo que dicha salida puede producir en su impuesto de sucesiones y donaciones en el futuro?

PRIMERO.- ¿Seguirán los británicos propietarios de viviendas en España beneficiándose de dichas deducciones tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea?

La cuestión puede tener una importante transcendencia económica ya que son cientos de miles los británicos que son propietarios de inmuebles en España, y en muchas Comunidades Autónomas las deducciones aplicables en los impuestos de sucesiones y de donaciones son muy importantes.

Si nos fijamos en las Comunidades Autónomas donde hay una mayor presencia de propietarios británicos no residentes, podemos comprobar los siguientes extremos:

En Canarias y Madrid existe una bonificación del 99,9% en ambos impuestos para transmisiones mortis causa y donaciones entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes.

En Cataluña existe una bonificación del 99% entre cónyuges en el impuesto de sucesiones. Para ascendientes y descendientes, la bonificación es del 99% para herencias inferiores a 100.000 € y del 84,5% para herencias hasta 1.000.000 de euros.

En Valencia, no se paga nada por transmisiones por herencia y donación entre cónyuges; entre padres e hijos tampoco se paga hasta 100.000 € y existe una bonificación del 75% a partir de dicha cantidad.

En Andalucía, existe un mínimo exento de 250.000 € en el impuesto de sucesiones entre parientes directos.

En contraposición, el régimen general aplicable a los no residentes que no son miembros de un estado miembro de la UE o de la EEE, establece un mínimo exentode solo 40.400 euros para cónyuges y descendientes menores de 21 años y de 23.215 € para los descendientes de más de 21 años, sin que sean aplicables bonificaciones y deducciones de ningún otro tipo.

Pasamos a continuación a analizar si los británicos propietarios de viviendas en España seguirán beneficiándose de las deducciones que han aprobado las diferentes comunidades autónomas en la aplicación de los impuestos de sucesiones y donaciones, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Las deducciones aplicables actualmente a los residentes en estados miembros de la UE y la EEE dejarán de forma automática de aplicarse a los ciudadanos residentes en el Reino Unido al hacerse efectiva la salida de dicho estado de la UE.

1.- En primer lugar, si el Reino Unido, al salir de la Unión Europea, ingresa de forma automática en el Espacio Económico Europeo, los ciudadanos británicos podrán seguir beneficiándose de las deducciones fiscales como hasta ahora.

El Espacio Económico Europeo lo forman ahora sólo tres países: Noruega, Islandia y Lichstenstein. Si el Reino Unido ingresara en el EEE se aseguraría seguir disfrutando de todos los beneficios del Mercado Interior, además de no tener que participar en la PAC, la Política Pesquera Común, la Política Regional y en otras políticas (fiscalidad, etc.) que nunca han sido de su total agrado. Ahora bien, los miembros de la EEE debe asumir y acatar todas las normas sobre el mercado interior que adopte la Unión Europea (La Comisión, El Consejo Europeo, El Parlamento Europeo e incluso el Tribunal de Justicia de Luxemburgo), sin poder participar ni votar en la toma de decisiones. Si el Reino Unido es tan sensible al déficit democrático de la UE, ¿cómo se va a encontrar cómodo en un sistema, como el previsto en el EEE, en el que no va a tener más remedio que aceptar normas en cuya aprobación no vota?

Hay otras dos razones que dificultarán la posible entrada del Reino Unido en el EEE. En primer lugar, los miembros de la EEE están obligados a aceptar la libre circulación de personas sin restricciones; y también deben contribuir financieramente a un fondo de cohesión EEE.

En concreto, los miembros del EEE aceptan el 75% de la normativa comunitaria, incluida la libre circulación de personas, pero sin poder participar ni influir en su elaboración, y además seguirían obligados a contribuir al presupuesto de la UE. Para el Reino Unido el remedio de ingresar en el EEE sería peor que seguir siendo Estado miembro de la UE.

2.- En segundo lugar, es posible que en la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se acuerde un régimen específico para los británicos que mantenga la libertad de circulación de capitales y que prohíba la discriminación por razón de residencia entre los ciudadanos ingleses y de estados miembros de la Unión Europa en dicho ámbito. En efecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de septiembre de 2.014, que obliga a España aplicar las deducciones fiscales a ciudadanos residentes en estados miembros de la UE y de la EEE, tiene su base en el incumplimiento de los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE y del artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. El artículo 63 del TFUE establece:

  1. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.
  2. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.

El Tribunal de Justicia ha juzgado en repetidas sentencias  (véase, en este sentido, la sentencia Mattner, EU:C:2010:216, apartado 20, y jurisprudencia citada), que el impuesto que grava las sucesiones, que consisten en la transmisión a una o varias personas del caudal relicto del causante, al igual que el trato fiscal de las donaciones, ya tengan éstas por objeto cantidades de dinero, bienes inmuebles o bienes muebles, están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los movimientos de capitales

Por consiguiente, si la UE y el Reino Unido alcanzasen un acuerdo por el cual seguirían vigentes para el Reino Unido las disposiciones de la UE relativas a la libre circulación de capitales y se pactase de forma expresa la prohibición de todas las restricciones a los movimientos de capitales y sobre los pagos entre los estados miembros y el Reino Unido, entendemos que seguirían siendo aplicables a los residentes en ese país las deducciones que las Comunidades Autónomas establecen en los impuestos de sucesiones y de donaciones.

3.- Finalmente, incluso si no se alcanzase el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido mencionado en el párrafo anterior, podría el Estado Español legislar en el sentido de aplicar las deducciones fiscales de las que disfrutan los residentes en estados miembros de la UE se apliquen también a los residentes en el Reino Unido. No parece probable que España acuerde de forma voluntaria aplicar dichas exenciones a los residentes en Reino Unido, cuando ha tenido que ser obligada por sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo a no discriminar a los residentes de la Unión Europea, después de haber sido requerida por la Comisión Europea y de haberse opuesto a dicho requerimiento.

4.-En el probable supuesto de que no se dé ninguno de los tres casos contemplados anteriormente, las deducciones aplicables actualmente a los residentes en estados miembros de la UE y la EEE dejarán de forma automática de aplicarse a los ciudadanos residentes en el Reino Unido al hacerse efectiva la salida de dicho estado de la UE.

SEGUNDO.- ¿Sería posible o conveniente que los británicos con inmuebles en España tomaran alguna medida antes de que se produzca el Brexit, para reducir o minimizar el impacto negativo que dicha salida puede producir en su impuesto de sucesiones y donaciones en el futuro?

En muchos casos podría ser muy interesante antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que los residentes en dicho país donen sus inmuebles en España a sus descendientes directos, conservando o no el usufructo, según su elección. Según el valor del patrimonio, la Comunidad Autónoma donde estén ubicados los bienes y el incremento de valor que haya podido experimentar su patrimonio en España desde su adquisición, dicha medida puede suponer un ahorro muy importante. Hay que considerar que las donaciones están sujetas al impuesto de incremento patrimonial. Por lo tanto, cada caso debe estudiarse de forma individual por un experto en derecho tributario, para analizar la mejor solución en cada supuesto concreto.

Impuesto de sucesiones y donaciones. El final de la discriminación para no residentes.

El día 1 de enero de 2015 entró en vigor la reforma legislativa que equipara el tratamiento fiscal de las sucesiones y las donaciones de los residentes en España y de los no residentes en España que sean residentes en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Común.

De esta forma, se elimina la discriminación existente hasta la fecha y que originó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de septiembre de 2.014 que contiene el siguiente fallo:

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.”

– Sigue leyendo –

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

El Real Decreto – Ley contempla varios bloques de materias:
1. Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera.
– En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.
– Se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual».
– Por último, se amplía hasta 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
2. Medidas en el ámbito tributario y administrativo.
Se amplía a nuevos colectivos la aplicación de las deducciones por familia numerosa.
– Se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, aprobadas en un convenio concursal.
– se establece la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, cuando concurran otras circunstancias que establece la norma.
3. Medidas de fomento del empleo, centradas en la reducción de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en determinados supuestos; en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta.
4. Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, específicamente para eximir del pago de las tasas judiciales a las personas físicas.

Obligación de devolución al cliente de las cantidades pagadas en hipotecas con cláusula suelo. Nuevas sentencias en Canarias.

Entre los Septiembre y Diciembre de 2.013, los letrados de ALL LAW interpusieron diversas demandas ante los Juzgados Mercantiles de Las Palmas, en representación de nuestros clientes, contra entidades bancarias por la inclusión en contratos de préstamo hipotecario de una estipulación fijando un interés mínimo (cláusula suelo).

En cada una de las demanda presentadas se instaba una acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación y se solicitaba que por parte del Juzgado se declarase la nulidad de la cláusula suelo contenida en las escrituras de préstamo hipotecario y se condenase a la entidad bancaria a restituir al demandante las cantidades pagadas en exceso por la aplicación de dicha cláusula desde la firma de la escritura de préstamo.

En Junio de 2.014, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canarias, dictó la primera sentencia en relación con los procedimientos iniciados por este despacho. Dicha sentencia declara la nulidad de la cláusula suelo del 5% establecida en el préstamo hipotecario de Autos,  condena al Banco Popular a eliminar dicha cláusula del préstamo y asimismo condena al Banco Popular a recalcular las cuotas con restitución a la parte actora del exceso de las cantidades indebidamente percibidas por aplicación de la cláusula declarada nula, con expresa condena en costas a la parte demandada. Posteriormente, los Juzgados de Los Palmas han dictados otras dos sentencias, en julio y en septiembre, con el mismo fallo y semejantes argumentos.

– Sigue leyendo –

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

Mediante la citada ley se procede a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE.

Dicha directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

La nueva ley amplía los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos celebrados con consumidores y usuarios y establece ciertas modificaciones en los contratos a distancia y celebrados fuera del establecimiento.

Asimismo,  se regula de una forma más amplia el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, incorporando un formulario normalizado al respecto que el consumidor y usuario podrá utilizar opcionalmente. A tal efecto, se amplía el plazo para poder ejercer dicho desistimiento, de 7 días hábiles a 14 días naturales sin indicar el motivo o 12 meses en el caso de que no se hubiera informado

Ir al texto de la Ley

 

Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

El objetivo de la norma aprobada es reducir la siniestralidad vial y mejorar la seguridad de los distintos usuarios de la vía, adaptando o modificando otros aspectos que no sólo den respuesta a las necesidades de los conductores, sino también a los cambios que se producen en los vehículos y las vías, factores todos ellos determinantes en la producción de los accidentes. – Sigue leyendo –

El Reglamento europeo 650/2012 de sucesiones y de creación del certificado sucesorio europeo.

El 4 de Julio de 2.012, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento (UE) 650/2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, el cual pasamos a analizar en el presente artículo.

1.- OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

Una de las consecuencias de la creciente movilidad de personas dentro de la Unión Europea es el incremento de sucesiones mortis causas con un componente internacional. En muchos casos, dichas sucesiones presentan dificultades y complejidades debido a la manera tan dispar en que se regula la sucesión en las legislaciones de los diferentes estados miembros.

El Reglamento aprobado por la Unión Europea tiene como objetivo unificar la legislación europea de sucesiones en cuanto a competencia, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones sucesorias en el ámbito de la Unión Europea.

– Sigue leyendo –

EL TESTAMENTO VITAL EN CANARIAS.

En 2006, el Parlamento de Canarias aprobó el Decreto 13/2006, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente Registro.

Los objetivos últimos de la legislación europea, nacional y regional sobre el popularmente conocido como testamento vital, son el respeto a la dignidad de la persona y preservar y posibilitar la autonomía del paciente en el final de su vida.

Pero para poder ejercer el derecho a la expresión anticipada de la voluntad respecto a las decisiones clínicas y vitales, de forma consciente y responsable, es esencial disponer de información. 

¿Qué es un testamento vital? ¿Qué requisitos formales requiere?

¿Qué puede incluir y que no? ¿Cuál es la función del representante?

 Para responder a estas preguntas, hemos elaborado el presente artículo.

 

1.- Que es un testamento Vital.

 

El Decreto 13/2006 de Canarias define de la siguiente manera la Manifestación Anticipada de Voluntad: “Mediante la manifestación anticipada de voluntad una persona mayor de edad y capaz deja constancia en un documento escrito de las instrucciones emitidas libremente sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez fallecida, el destino de su cuerpo y de sus órganos o tejidos, que deberán tenerse en cuenta cuando se encuentre en una situación cuyas circunstancias no le permitan expresar su voluntad de manera libre, personal, actual, consciente e informada.”

El testamento Vital es, por tanto, un documento escrito en el que una persona mayor de edad, de manera libre y de acuerdo a los requisitos legales, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurren no le permitan expresar personalmente su voluntad, en el ámbito sanitario y de disposición de su cuerpo después de su fallecimiento.

El médico responsable, el equipo sanitario y el sistema de atención sanitaria están obligados a tenerlo en cuenta y a aplicarlo de acuerdo a lo establecido en la ley.

En definitiva, las voluntades anticipadas se enmarcan en la planificación de cuidados, entendida como un proceso positivo de reflexión e implicación de las personas en las decisiones relativas a su salud, de acuerdo con sus valores personales en el marco de la relación médico-paciente-familia.

Su fundamento es el consentimiento informado, como expresión de una buena práctica médica que, tras la adecuada información, respeta la voluntad de la persona enferma. De ahí la importancia que adquiere la orientación antes de confeccionarlo como garantía de una auténtica efectividad en su cumplimiento.

 

2.- Contenido del testamento vital.

 

¿Qué se puede expresar dentro de un testamento vital:

En el Documento de Voluntades Anticipadas se pueden plasmar por escrito:

1. La expresión de los principios vitales y las opciones personales, en los que se establece una jerarquía de valores y, en consecuencia, los criterios que deben orientar cualquier decisión que se deba tomar en el ámbito sanitario. Pueden reseñarse los valores y opciones personales respecto a los momentos finales de la vida u otras situaciones de grave limitación física o psíquica. También pueden especificarse otras consideraciones, como por ejemplo la elección del lugar (hospital, domicilio) donde se desea recibir los cuidados en el final de la vida, la voluntad de ser donante de órganos, el deseo de recibir asistencia religiosa o no, si se es contrario a que se practique la autopsia, si se desea donar el cuerpo para estudios anatómicos, etc.

2. Las situaciones sanitarias concretas en que se quiere que se tengan en cuenta la aceptación o rechazo de determinados tratamientos o cuidados, sobre todo cuando se tiene información de las probabilidades evolutivas (como en el caso de las enfermedades crónicas).

3. Instrucciones y límites referidos a las actuaciones médicas ante las situaciones previstas, es decir, qué quisiera y qué no quisiera la persona respecto a tratamientos y cuidados en caso de incapacidad temporal o definitiva. Así, por ejemplo, se puede solicitar que no sean aplicadas (o se retiren, si ya se han aplicado) medidas de soporte vital tales como: reanimación cardiopulmonar, diálisis, conexión a un respirador, nutrición e hidratación artificiales para prolongar la vida.

4. La designación de un representante, o varios, para que actúe como interlocutor válido ante el equipo sanitario en el caso de que el paciente no pueda expresar su voluntad y para que lo sustituya en la interpretación y cumplimiento de las instrucciones.

El testamento vital está dirigido de forma específica al ámbito sanitario; es de obligado cumplimiento por parte del personal médico, siempre y cuando no contravenga el ordenamiento jurídico o la lex artis – o correcta práctica médica.

El testamento vital no está dirigido a otro tipo de cuestiones, específicamente a cuestiones económicas o de otra naturaleza. El documento de manifestación de voluntades anticipadas no obliga a los familiares de la persona que lo otorga en cuestiones que excedan el ámbito sanitario. Para disponer de sus bienes una vez haya fallecido, se debe otorgar un testamento de acuerdo a las normas y con las formalidades que establece el Código Civil.

Sin embargo, hay una serie de cuestiones de índole económica o que exceden del ámbito sanitario y que nada impide que puedan incluirse en el documento de manifestación anticipada de voluntades. Tenemos que indicar que dichas indicaciones no obligan a la familia ni a terceros, y al exceder el ámbito sanitario, no incumben al  personal médico. Ahora bien, pueden ser útiles a los familiares para poder conocer la voluntad del otorgante en momentos críticos.

Por ejemplo, el testamento vital podría dar indicaciones económicas o de otra índole para que sean tenidas en cuenta en el supuesto de que el otorgante pase un periodo de tiempo prolongado sin poder expresar su voluntad: la forma de cubrir sus gastos médicos, la atención y cuidado de las personas a su cargo, etc…. Pero hay que tener en cuenta que dichas indicaciones no son de obligado cumplimiento.

El testamento vital no puede conferir poderes a un tercero para que represente al otorgante legalmente; para ello, el paciente deberá otorgar un poder notarial conforme a la legislación general; en supuestos en los cuales la persona no hubiera otorgado a un tercero un poder para que le represente legalmente, y fuera necesario ejercer su representación en casos de prolongados estados de pérdida de capacidad por enfermedad, sus familiares deberán instar un procedimiento judicial para que sea declarado incapaz por el Juez, el cual nombrará un tutor o curador para que le represente legalmente; de esta forma el tutor o curador podrá, por ejemplo, disponer de sus bienes, para venderlos y contar con medios para cubrir los gastos sanitarios del paciente.

El testamento vital no puede ir contra el ordenamiento jurídico, ni contra la lex artis. La lex artis es, de acuerdo al Tribunal Supremo, aquel criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina -ciencia o arte médica- que tienen en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente, y en su casos, de la influencia de otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria- para calificar dicho acto conforme a la técnica normal requerida. De forma más concisa podemos definir la Lex Artis como la correcta práctica profesional médica.  

 

3.- Cómo debe formalizarse el testamento vital.

 

1.- Debe ser formalizado por escrito.

2.- Debe incluir los datos completos del otorgante: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, DNI o pasaporte o número de identificación de extranjeros y número de tarjeta sanitaria o similar.

3. Debe incluir el lugar y fecha del otorgamiento y contar con la firma del otorgante.

4. Se puede formalizar ante:

a) Notario publico.

b) Funcionario encargado del Registro Público de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad de Canarias..

c) Tres testigos. En este supuesto, deberán incluirse los datos completos de los tres testigos, así como el lugar, fecha y firma de los mismos.

El testamento vital debe inscribirse en el registro Especial de Documentos de Voluntades Anticipadas de Canarias. 

Con el fin de investir al acto de otorgamiento del testamento vital de la trascendencia e importancia que tiene, aconsejamos que sea otorgado ante notario, pudiendo, de esta formar, contar con su asesoramiento y la garantía de que todos los requisitos formales se han cumplido.

 

4.- ¿Cuál es la función del representante?

 La función del representante es la de actuar como interlocutor ante el médico y el equipo sanitario de los valores y de las instrucciones manifestadas por el otorgante. No puede contradecir el contenido del documento y debe actuar siguiendo los criterios y las instrucciones expresadas en él.

El representante debe estar perfectamente identificado, ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.

Algunos consejos sobre el nombramiento del representante son los siguientes:

– Ha de conocer la voluntad de su representado.

– Es aconsejable que participe en el proceso de deliberación previa.

– Teniendo en cuenta la importancia capital de las funciones y decisiones encargadas al representante, es preciso evitar que le pueda afectar ningún tipo de conflicto de intereses, y asegurar que las decisiones se tomarán en interés del paciente. En algunos supuestos, no es aconsejable que el representante sea una persona que tenga una fuerte vinculación emocional con el paciente.

 – Es aconsejable que la familia conozca quien ejercerá de representante.

 – En caso de que se designe más de un representante, es de la máxima importancia establecer un orden de prioridad entre ellos, indicando, por ejemplo, quién es el representante titular y quién es el suplente, que sólo actuará en defecto del titular. 

 

5. Recomendaciones a la hora de otorgar un testamento vital. 

 

1.       Para confeccionar un Testamento Vital se puede seguir algún modelo realizado por grupos de profesionales sanitarios, comités de ética asistencial o asociaciones de usuarios. Si tiene interés en hacer un testamento vital conviene que lea dichos documentos con detenimiento, compruebe si reflejan sus preferencias y valores, y si realmente desea los tratamientos médicos y cuidados que en él se indican.

2.       Consulte a su médico de familia y comente con él el contenido del documento. También su médico especialista y las asociaciones de enfermos pueden ser de gran ayuda si padece o tiene riesgo de padecer una enfermedad incapacitante concreta. Ellos son los que mejor le pueden asesorar sobre la evolución de una enfermedad y las consecuencias de tomar una u otra decisión.

3.       Es conveniente que se deje constancia escrita del testamento vital en la historia clínica para que sea tenido en cuenta con más facilidad, para ello quien lo haya otorgado deberá facilitar una copia a su médico.

4.       Comente con sus familiares más próximos y con el representante que ha elegido los puntos fundamentales del documento que ha realizado; eso facilitará que sus deseos sean respetados cuando no pueda manifestarlos.

5.       Tenga en cuenta que aunque usted lo manifieste no se pueden realizar actuaciones en contra de la Ley. Tampoco debe rechazar tratamientos concretos de forma general sin estar bien informado.

6.       Es conveniente releer el documento cada cierto tiempo para ver si sigue de acuerdo con lo que está escrito. En caso contrario tendrá que modificarlo según sus nuevos deseos.

7.       La forma en que se asegura que el testamento vital pueda estar disponible cuando se necesite, es inscribiéndolo en el Registro de Voluntades Anticipadas de Canarias, si usted reside en esta comunidad autónoma.

 

 6. Modelo de testamento vital.

 

Existen muchos modelos de testamento vital.

La Conferencia Episcopal Española ha elaborado uno:  http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/testamento-vital.html

La Asociación Derecho a Morir Dignamente otro:  http://www.eutanasia.ws/testamento_vital.html

Adjuntamos un modelo de testamento vital, que permite diferentes opciones, y que consideramos recoge los puntos más importantes a tener en cuenta y a incluir en el testamento vital.

 

 TESTAMENTO VITAL

 

D…………………………………….., nacido el día…………, casado/soltero, mayor de edad, con domicilio en ………………………….., DNI/pasaporte/Documento de identificación para extranjeros………………….. y nº de tarjeta sanitaria………………

 

DECLARO:

 

1.- QUE QUIERO SE TENGAN EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

(Señale los que correspondan con su proyecto vital)

1.1 La capacidad de comunicarme y de relacionarme con otras personas.

1.2 No padecer dolor físico o psíquico o angustia intensa e invalidante.

1.3 La posibilidad de mantener una independencia funcional suficiente que me permita realizar las actividades propias de la vida diaria.

1.4 Preferencia por no prolongar la vida por sí misma en situaciones clínicamente irreversibles.

1.5 Preferencia por permanecer en mi domicilio habitual durante los últimos días de mi vida

1.6 En caso de encontrarme transitoriamente en estado de lucidez, no deseo ser informado sobre mi diagnóstico fatal.

 

2. SITUACIONES CLÍNICAS EN QUE DESEO SE CONSIDERE ESTE DOCUMENTO. (Señale las que desea se tengan en cuenta)

 

2.1 Enfermedad incurable avanzada (Enfermedad de curso progresivo, gradual, con diverso grado de afectación de la autonomía y la calidad de vida, con respuesta variable al tratamiento específico, que evolucionará hacia la muerte a medio plazo)

2.2 Enfermedad terminal (Enfermedad avanzada, en fase evolutiva e irreversible, con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de la autonomía, con muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida generalmente inferior a los seis meses, en un contexto de fragilidad progresiva).

2.3 Situación de agonía (La que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual, y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de la relación e ingesta y pronóstico de vida de días u horas).

3. INSTRUCCIONES QUE DESEO SE TENGAN EN CUENTA EN MI ATENCIÓN MÉDICA

(Señale las que desea)

3.1 Deseo finalizar mi vida sin la aplicación de técnicas de soporte vital, respiración asistida o cualquier otra medida extraordinaria, desproporcionada y fútil que sólo esté dirigida a prolongar mi supervivencia artificialmente, o que estas medidas se retiren, si ya han comenzado a aplicarse.

3.2 Deseo que se me proporcionen los tratamientos necesarios para paliar el dolor físico o psíquico o cualquier síntoma que me produzca una angustia intensa.

3.3 Solicito unos cuidados paliativos adecuados al final de la vida, que se me administren los fármacos que alivien mi sufrimiento, especialmente –aún en el caso de que pueda acortar mi vida- una sedación paliativa que me procure una muerte serena.

3.4 Rechazo recibir medicamentos o tratamientos complementarios y que se me realicen pruebas o procedimientos diagnósticos, si en nada van a mejorar mi recuperación o aliviar mis síntomas.

3.5 Si para entonces la legislación regula el derecho a morir con dignidad mediante eutanasia activa, es mi voluntad morir de forma rápida e indolora de acuerdo con la lex artis ad hoc.

3.6 Deseo que se facilite a mis seres queridos y familiares el acompañamiento en el trance final de mi vida, si ellos así lo manifiestan y dentro de las posibilidades del contexto asistencial.

3.7 Deseo me sean aplicados todos los tratamientos precisos para el mantenimiento de la vida hasta donde sea posible, según el buen criterio médico.

 

4. INSTRUCCIONES SOBRE MI CUERPO

1.- Deseo donar mis órganos para ser trasplantados a otra persona que los necesite;

2.- mis órganos a la investigación;

3.- mi cuerpo para la investigación, incluida la autopsia, cuando fuera necesaria según criterio facultativo;

4.- mis órganos para la enseñanza universitaria;

5.- mi cuerpo para la enseñanza universitaria.

 

 

5. OTRAS INSTRUCCIONES:

 

 

 

6.- De acuerdo con la Ley designo como mi REPRESENTANTE a:

Nombre _____________________________________________________ D.N.I.__________________________

Dirección _______________________________________Teléfono

 

 

________________ Firma

 

 

6. TESTIGOS:

 

1. Nombre _______________________________________

D.N.I. __________________

 

 

Firma

 

2. Nombre _______________________________________

D.N.I. __________________

 

 

Firma

 

3. Nombre _______________________________________

D.N.I. __________________

 

 

Firma

 

Lo que hago constar en ___________________ a _____ de __________________ de 20 ____

 

Fdo.:

Older Posts