El BOE nº45, de 21 de febrero, publica la esperada Ley de Secretos Empresariales, que entrará en vigor tras la acostumbrada vacatio legis de veinte días. Esta ley transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.  Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, en particular, de cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Esta ley también contiene un catálogo abierto de acciones de defensa frente a la violación del secreto empresarial y regula el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, en línea con la infracción de patentes; y establece un plazo de prescripción de 3 años para su ejercicio. Finalmente, en materia procesal (1) se incorporan  reglas para preservar la confidencialidad del secreto empresarial que se aporte o se genere en el proceso; (2) se establecen diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas; y (3) se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria. Es de reseñar que el abuso de derecho o ejercicio temerario de acciones en materia de secreto industrial podrá ser sancionado por el Tribunal.