El presente Real Decreto-ley modifica, con carácter de urgencia, el artículo 285.2 de la Ley 1/2000 de Sociedades de Capital, confiriéndole la siguiente redacción:

«2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.»

La disposición transitoria única del Real Decreto-ley – utilizada con finalidad de proporcionar una interpretación auténtica, más que de regular un régimen transitorio – señala que únicamente se entenderá que existe disposición contraria cuando tal disposición haya sido introducida en los estatutos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.