La sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de Mayo de 2.017 declara que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor

El impuesto de plusvalía, grava el incremento que se haya producido en el valor de terrenos urbanos, tal y como establecen los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, la forma de determinar la base imponible y la cuota del impuesto que establece la Ley, no tiene en cuenta si se produce incremento real o no de valor, sino que se basa exclusivamente en el valor que tenga el terreno en el momento de la transmisión. Esto implica que se gravan situaciones en las cuales no ha existido realmente incremento de valor alguno. La sentencia entiende que en esos casos se estarían gravando situaciones en las cuales no existe o aflora capacidad económica, siendo, por lo tanto, contrario al art. 31.1 de la CE.

Así, la sentencia del TC argumenta:

“Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el objeto del impuesto analizado es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Por consiguiente, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el “incremento de valor” de un terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3).

“De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).”

“Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).”

Las conclusiones de la sentencia, son los siguientes:

a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica.

b) Se declara también inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica.

c) La forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

La sentencia nada dice de los supuestos en los cuales el incremento de valor haya sido mínimo, pero que, por aplicación de la normativa de determinación de la cuota, la cantidad resultante a pagar por el impuesto sea superior a dicho incremento de valor o represente un porcentaje muy elevado del mismo. En estos supuestos podría alegarse que se estaría produciendo un efecto confiscatorio, prohibido también por el art. 31 de la CE.

3.- RECLAMACIÓN DEL IMPUESTO.

3.1. FORMA DE ACREDITAR LA INEXISTENCIA DE INCREMENTO DE VALOR.

En primer lugar, la sentencia establece que la forma de acreditar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación corresponde al legislador. Por lo tanto, el legislador estatal está obligado a introducir los cambios normativos pertinentes para que el impuesto de plusvalía municipal no grave situaciones no expresivas de capacidad económica, y para establecer los criterios aplicables para determinar la existencia o no de incremento de valor.

Las Diputaciones Forales han procedido a introducir legislación al respecto, con el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, el Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, para los territorios de Álava y Guipúzcoa respectivamente.

Por medio de ellos se ha precisado, de forma casi idéntica, el método de cálculo del incremento de valor por la diferencia entre el valor de adquisición del propiedad y del valor de transmisión.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública todavía no ha llevado a cabo regulación alguna, instando a la Federación española de municipios y provincias (FEMP) un informe al respecto, aunque a día de hoy todavía no se han pronunciado.

Mientras no se producen los cambios normativos pertinentes, la sentencia tiene plenos efectos, conforme a lo establecido en el art. 164 de la CE, por lo que debe ser aplicada por la Administración Publica, en este caso, por los Ayuntamientos.

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, y hasta que se produzca la modificación legislativa a que obliga la sentencia, no bastaría la mera referencia a la cifra documentada en escritura pública sobre la diferencia entre el valor de compra y posterior venta, pues ello no exime de la carga de la prueba en el proceso, si atendemos a los distintos pronunciamientos judiciales existentes hasta la fecha. La más segura prueba para desvirtuar los valores objetivos tomados por la Administración, y la que aconsejamos en todos los casos, es la pericial.

En este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 17 de Abril de 2002, que en su fundamento de derecho tercero expone: «No comparte el juzgador la argumentación de la actora.  Constante jurisprudencia (STS de 20-2-2001 , 19-1-2001, 2-7-1998, etc.), partiendo de que tanto el valor asignado al bien de que se trate como la liquidación del tributo gozan de la presunción de legalidad, viene exigiendo, para destruirla, la existencia de una prueba “plena, objetiva y convincente” -normalmente, la prueba pericial.

3.2. SUPUESTOS EN LOS QUE ES POSIBLE impugnar las liquidaciones en que no exista incremento de valor. PLAzos y procedimiento.

El procedimiento y los plazos son diferentes según el Ayuntamiento haya dictado la liquidación del impuesto o éste haya sido autoliquidada por el contribuyente.

a.- LIQUIDACIONES DICTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS.

Pueden recurrirse en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la liquidación dictada por parte del Ayuntamiento. Aquellas liquidaciones dictadas por el Ayuntamiento no recurridas en el plazo de un mes, son firmes y no son revisables

Procedimiento.

a) En grandes municipios, según son definidos en el art 121 de la Ley 7/1985.

Se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el propio Ayuntamiento, o directamente recurso económico administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal de la ciudad cuyo Ayuntamiento dictó la resolución.

Si dicha reclamación fuera desestimada, procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

b) En el resto de municipios.

Se deberá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, y si fuera desestimado, recurso contencioso – administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación de la denegación.

Obligatoriedad del pago hasta que se resuelva el recurso.

Es un principio del derecho administrativo español que la interposición del recurso no paraliza la ejecución del acto recurrido.

Ahora bien, los contribuyentes pueden solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, e incluso solicitar su suspensión.

El aplazamiento o el fraccionamiento, necesariamente, exigirán la presentación de un escrito ante el órgano de recaudación del municipio, solicitándolo. No será necesario aportar garantías para obtener el aplazamiento o fraccionamiento, si la deuda es inferior a 30.000 euros.

Por último, la suspensión será automática, si se aporta alguna de las garantías previstas en la Ley General Tributaria (depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza de una entidad de crédito, o fianza solidaria de dos contribuyentes). Si no pudiera aportarse ninguna de ellas, podrá acordarse la suspensión si se aportan otras garantías que se estimen suficientes en cada caso.

Según el caso, puede obtenerse la suspensión sin necesidad de aportar garantías, si la liquidación que se recurre pudiera generar graves perjuicios al contribuyente, o adoleciera de errores aritméticos, materiales o de hecho. Pero en este caso la suspensión ya no es automática, sino que tiene que concederla la Administración, una vez acreditadas las circunstancias referidas.

Plazo para pagar, solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, o solicitar la suspensión de la deuda.

La liquidación deberá abonarse, o bien solicitar su aplazamiento, fraccionamiento o suspensión, antes del día 20 del mes siguiente al que se recibió la notificación (si se recibió en la primera quincena), o del día 5 del segundo mes posterior, si la notificación se recibió en la segunda quincena.

B.- AUTOLIQUIDACIONES REALIZADAS POR EL CONTRIBUYENTE.

En estos supuestos, en los cuales el contribuyente realiza la autoliquidación y procede al pago del impuesto, es posible instar la solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos dentro del plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la presentación de la autoliquidación y el pago.

Para ello, deberá presentar una solicitud en el Ayuntamiento. Si dicha solicitud es desestimada, valdrá todo lo afirmado en los párrafos anteriores respecto al recurso de reposición y vía contencioso-administrativa, dependiendo de si el municipio es de gran población o no.