Esta nueva Ley sustituye a la veterana Ley 30/1992, conocida por todos los operadores jurídicos. De acuerdo con el marco constitucional , la presente Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. Incide especialmente en la regulación de la tramitación electrónica de expedientes. La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.